México Refuerza Derechos Indígenas con Reforma Constitucional y Comisión Presidencial de Justicia

La reforma tiene un alcance histórico al declarar a México como una nación multiétnica y garantizar la consulta previa a las comunidades indígenas sobre cualquier proyecto que pueda afectarlas.

En un acto trascendental que marcó la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto para la publicación de la reforma constitucional que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, en 57 lenguas originarias.

La reforma, que fue aprobada en septiembre bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, enmendó el artículo 2° de la Constitución Mexicana para reconocer, por primera vez, a los 68 pueblos originarios del país como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

La reforma tiene un alcance histórico al declarar a México como una "nación multiétnica" y garantizar la consulta previa a las comunidades indígenas sobre cualquier proyecto que pueda afectarlas. Esta modificación también destaca la necesidad de implementar medidas que resarzan los daños causados por proyectos extractivos que han afectado a estas comunidades. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, 23 millones de mexicanos pertenecen a pueblos indígenas, y alrededor de 7.4 millones hablan alguna lengua originaria, destacándose el náhuatl, maya, tzetzal y zapoteco.

En paralelo, la mandataria también firmó la creación de una Comisión Presidencial para los Planes de Justicia de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, un paso clave para dar seguimiento a los esfuerzos iniciados en el sexenio anterior. Estos planes buscan redimir las injusticias históricas contra estas comunidades, especialmente los efectos de los proyectos extractivos que han dañado su territorio y cultura. Se han implementado 17 planes de justicia en beneficio de más de 420,000 habitantes originarios, con una inversión aproximada de 27,000 millones de pesos (alrededor de 1,350 millones de dólares), en 12 estados del país.

Esta serie de medidas representa un compromiso renovado por los derechos indígenas en México, buscando no solo reparar los daños del pasado, sino también garantizar un futuro más justo y equitativo para los pueblos originarios del país​.